El Comité de Ética de la Asamblea Nacional rechazó 18 de las 34 pruebas de descargo presentadas por la asambleísta de Chimborazo, Patricia Núñez, dentro del proceso disciplinario relacionado con la presunta venta de cargos públicos en el Legislativo. La decisión se adoptó por unanimidad el lunes 26 de octubre de 2026, durante la calificación de los elementos probatorios de las partes.
** La denuncia fue presentada por la legisladora Jhajaira Urresta, quien alertó sobre un supuesto cobro de dinero a una ciudadana de Chimborazo a cambio de conseguirle un puesto de trabajo en la Asamblea Nacional. El caso también fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes. >
Entre los elementos presentados por la denunciante y admitidos por el Comité constan documentos relacionados con un supuesto pago de 300 dólares, fotografías de una presunta reunión cerca del Terminal Terrestre de Riobamba y conversaciones de WhatsApp. También fueron aceptados testimonios y requerimientos de información para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
En cuanto a la defensa de Núñez, el organismo admitió 16 de las 34 pruebas presentadas. Entre las excluidas figuran estados de cuenta de tarjetas de crédito, un listado de postulantes al Consejo de Participación Ciudadana de 2019 y testimonios de colaboradores de su despacho. Según el análisis jurídico, estos elementos no cumplían con los criterios necesarios para aportar al esclarecimiento de la denuncia.
Pese a esta decisión, la asambleísta podrá presentar otros elementos admitidos para su defensa, entre ellos documentación relacionada con una denuncia previa por el presunto uso no autorizado de su nombre. Núñez ha sostenido que terceras personas habrían utilizado su identidad para realizar ofrecimientos irregulares, una versión que deberá analizarse dentro de los procedimientos correspondientes.
El proceso continuará con la práctica oral de las pruebas admitidas y la elaboración de un informe que recomendará el archivo de la causa o la posible destitución de la legisladora. La decisión definitiva, si el expediente llega al Pleno, corresponderá a la Asamblea Nacional. El rechazo de las pruebas no constituye por sí mismo una declaración de culpabilidad.
