La Fiscalía General del Estado de Ecuador solicitó formalmente que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sea llamado a juicio tras presentar las pruebas recopiladas durante la etapa de instrucción fiscal. El pedido fue formulado ante la jueza de la Unidad Judicial de Samborondón en el marco del denominado «Caso Grillete», donde se acusa al funcionario de ser el presunto autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. De ser hallado culpable, este tipo penal en el país contempla una condena que oscila entre uno y tres años de prisión.
El proceso legal se originó luego de que las autoridades detectaran que el burgomaestre no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica (grillete obligatorio) al momento de ser detenido, una medida cautelar que previamente le había sido impuesta dentro de otra investigación penal conocida como el Caso triple A. El dictamen acusatorio se sustentó en los elementos recabados por el Ministerio Público, que constatan que la orden de usar el rastreador fue vulnerada sin una justificación judicial válida. Actualmente, Álvarez se encuentra privado de la libertad en el centro penitenciario de Santa Elena, desde donde participa en sus audiencias de manera telemática.
Durante el desarrollo de la audiencia de evaluación y preparatoria, la defensa del funcionario rechazó las acusaciones e interpuso recursos contra la jueza a cargo de la causa. Ante estos incidentes y alegatos, la magistrada dispuso la suspensión temporal de la diligencia para que se reanude formalmente y se defina si el alcalde de Guayaquil avanza o no a la etapa de juicio oral. Esta acumulación de procesos ha encendido las alertas políticas en la municipalidad ante una posible pérdida definitiva del cargo debido a sus implicaciones legales y la prisión preventiva ratificada.
