La excandidata presidencial fue procesada por presunto lavado de activos en el caso Laberinto, relacionado con el financiamiento electoral de 2023.
La excandidata presidencial Luisa González fue detenida la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026, durante un operativo ejecutado en su domicilio, ubicado en Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí. La intervención se realizó en el marco de una investigación de la Fiscalía General del Estado que involucra a varias personas.
La detención se produjo dentro del denominado caso Laberinto, en el que se investiga el presunto delito de lavado de activos. Según la hipótesis fiscal, los recursos investigados estarían relacionados con la comercialización ilegal de hidrocarburos y habrían sido utilizados para financiar actividades vinculadas a la campaña electoral de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana. Las acusaciones deberán ser esclarecidas durante el proceso judicial.
La audiencia de formulación de cargos fue convocada inicialmente para las 22:00 del jueves 22 de octubre; sin embargo, fue declarada fallida a las 22:22 debido a problemas técnicos que impidieron establecer comunicación con las personas detenidas. La diligencia fue reprogramada para las 23:30 y finalmente se instaló esa noche, con continuidad durante la madrugada del viernes 23 de octubre.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los elementos de la investigación y ratificó su solicitud de prisión preventiva para González y otros dos procesados: Santiago Díaz y Wendy Onofre. La diligencia se desarrolló bajo modalidad telemática desde el Cuartel Modelo de Guayaquil, mientras las autoridades judiciales analizaban los argumentos de las partes involucradas.
Tras escuchar a los sujetos procesales, el juez Harry Navarrete acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Luisa González, Santiago Díaz y Wendy Onofre. La medida cautelar busca garantizar su comparecencia durante el desarrollo del proceso penal. La investigación fiscal continuará para determinar las posibles responsabilidades de los procesados.
Sobre el posible traslado de González al Centro de Privación de Libertad femenino de Riobamba, hasta la información pública disponible no existía una confirmación oficial del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) sobre su destino definitivo. Por ello, su eventual traslado a la ciudad de Riobamba debe mantenerse como información pendiente de verificación oficial.